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Llaryora anunció la ampliación de los Boletos Sociales, que sumarán más beneficiarios

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Se trata del Boleto Educativo Cordobés y el Boleto Obrero Social. Los docentes universitarios también accederán al Boleto Educativo y los trabajadores que perciban hasta 450 mil pesos mensuales harán lo propio con el Boleto Obrero Social. La Provincia triplicará el monto de inversión, que pasará de 11 a 30 mil millones de pesos. “No vamos a dejar solos a los cordobeses, siempre vamos a acompañar a quienes quieran trabajar y estudiar”, afirmó Llaryora.

Para Ariel Moreyra la nueva Ley de Seguridad "es innovadora"

El intendente de Ucacha adelantó que va a adherir a la Ley que fuera aprobada por la Legislatura de Córdoba y promulgada por el gobernador Llaryora.

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El intendente de Ucacha, Ariel Moreyra,  estuvo en la ciudad de Córdoba, convocado por la Vicegobernadora Miriam Prunotto y el ministro de Seguridad, Pablo Quinteros, junto a otros intendentes del departamento Juárez Celman, con el objetivo de conocer detalles de la nueva Ley de Seguridad Pública y Ciudadana 10.954. Al respecto indicó a este medio, que adherirá a la misma al considerar que es una "Ley innovadora" y permitirá trabajo mancomunado entre el estado provincial y local en pos de resguardar la seguridad de los habitantes de cada población de la provincia.

En este sentido destacó que, la misma refleja lo que el gobierno provincial quiere que se aplique en ámbitos como la Salud y Educación, “es decir que se actúe de manera mancomunada, en este caso con la fuerza policial, lo cual a mi entender es innovador, es una nueva manera de trabajar en tiempos donde más que nunca debemos involucrarnos todos, en temas que nos atraviesan como sociedad", resaltó.

Y "en esta colaboración mutua, por ejemplo, nosotros pondremos a disposición los vehículos y el personal de Seguridad Ciudadana y todo lo que esté a nuestro alcance", indicó.

Cabe destacar que, la norma prevé, entre otras acciones, la conformación de Guardias Locales de Prevención y Convivencia, que tendrán como objetivo realizar tareas preventivas y disuasivas, de manera auxiliar con respecto a la Policía de Córdoba y sus unidades especiales. 

Sobre este punto, Moreyra, destacó que desde la municipalidad se va a disponer también de personal que pueda desarrollar esta tarea, “que serán capacitados y tendrán que cumplir con requisitos dispuestos por el Ministerio de Seguridad de la provincia”.

En las distintas ciudades y pueblos adherentes la provincia dispondrá de vehículos, armas no letales, alarmas comunitarias y tecnología de videovigilancia, “que es muy importante para sumar herramientas para seguir ampliando el trabajo de seguridad”, sentenció Ariel Moreyra.

Además, desde el Ministerio de Seguridad se prevé extender la capacitación en materia de seguridad a funcionarios e intendentes, a partir de convenios específicos con universidades y otros centros de estudio.

Acerca de la Ley

La ley fue promulgada por el gobernador Martín Llaryora el pasado 21 de febrero, y crea el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, que establece el marco jurídico para la implementación de un nuevo modelo que agilizará la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico.

La norma fue aprobada durante el pleno de la Legislatura provincial, después de ser tratada en reuniones de comisión en las que participaron expertos en temas de seguridad, además del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

Principales aspectos de la ley

La ley introduce novedades al sistema de seguridad provincial, entre las que se encuentran:

· La creación de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, como auxiliares de la Policía.

· El uso de armas no letales.

· La creación del Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, que entre sus funciones propondrá programas de capacitación de los integrantes de las distintas fuerzas.

· La incorporación del personal de las prestadoras de servicios de seguridad.

· La vinculación de las cámaras de seguridad privadas con el centro de monitoreo de la Policía de la Provincia.

· La estimulación del plan de desarme, con incentivos para la entrega de armas en posesión de civiles.

· La obligatoriedad de un narcotest para cargos electos y funcionarios públicos.

· La duplicación de las fiscalías antinarcóticos en todo el territorio provincial; y la creación de 12 nuevas fiscalías criminales.

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