La Carlota endurece la política sobre vehículos y motos secuestrados: habrá subastas públicas

El Concejo Deliberante de La Carlota aprobó en la noche de este jueves 30,  una ordenanza que fue presentada por el Ejecutivo Municipal que establece un nuevo régimen para la administración de los vehículos retenidos en el Corralón Municipal, con el objetivo de reducir la acumulación de automóviles y motocicletas secuestrados, disminuir los costos de mantenimiento y mejorar el ordenamiento de los depósitos municipales.

La Ordenanza fue sometida a votación en la noche de este jueves 30, y votada por unanimidad.

Cabe mencionar que el concejal Esteban Guarino del radicalismo no estuvo presente, pero su bloque votó favorablemente.

En la sesión, estuvo presente el Secretario de Relaciones Institucionales Dario Ribba, quien, previo a la votación, dio los detalles de la misma y respondió preguntas de los concejales presentes.

La normativa contempla la posibilidad de descontaminar, desguazar, compactar o subastar los vehículos que permanezcan retenidos durante más de seis meses sin ser reclamados por sus propietarios, siempre que no exista una orden judicial o un pedido de secuestro vigente.

La iniciativa apunta a dar una solución a una problemática que se viene profundizando con el paso del tiempo, producto de la gran cantidad de rodados secuestrados por infracciones de tránsito o abandonados en la vía pública.

Entre los fundamentos de la ordenanza se destaca que la permanencia de estos vehículos genera importantes costos para el municipio en materia de guarda y conservación, además de representar un riesgo ambiental debido al deterioro de muchas de las unidades y la presencia de elementos contaminantes como baterías, aceites y otros fluidos.

El procedimiento prevé que, antes de cualquier disposición definitiva, el Juzgado Municipal de Faltas intime a los titulares registrales o a quienes acrediten derechos sobre los vehículos para que regularicen su situación, abonen las multas y gastos correspondientes y retiren las unidades. En caso de no hacerlo dentro de los plazos establecidos, el municipio podrá avanzar con alguno de los mecanismos previstos por la ordenanza.

En el caso de las subastas públicas, la venta se realizará al mejor postor mediante un procedimiento administrativo reglado. Los compradores deberán cumplir con los requisitos establecidos para la inscripción registral de los vehículos, mientras que funcionarios y empleados municipales no podrán participar como adquirentes.

La ordenanza también dispone que el dinero obtenido a través de las subastas podrá destinarse específicamente a la adquisición de equipamiento e insumos para fortalecer las acciones de seguridad vial y los controles de tránsito en la ciudad.

Además, el Juzgado Municipal de Faltas deberá llevar un registro permanente de los vehículos secuestrados y presentar anualmente un informe al Departamento Ejecutivo con el detalle de aquellas unidades que se encuentren en condiciones de ser sometidas a alguno de los procedimientos previstos.

Con esta medida, el municipio busca optimizar la gestión de los depósitos vehiculares, reducir el impacto ambiental generado por la acumulación de unidades en desuso y transformar un problema operativo en una herramienta que permita fortalecer las políticas de seguridad vial de La Carlota.

La ordenanza incorpora además una serie de cláusulas transitorias para agilizar la aplicación del nuevo régimen. En primer lugar, dispone la realización de una subasta inicial que incluirá todos los vehículos retenidos desde hace más de seis meses al momento de la entrada en vigencia de la norma y que cumplan con las condiciones establecidas para su disposición.

Asimismo, establece que el Juzgado Municipal de Faltas deberá confeccionar mensualmente, a pedido del Departamento Ejecutivo, un listado de los vehículos que se encuentren en condiciones de ser subastados, con el propósito de dar mayor celeridad a los procedimientos y evitar una nueva acumulación en los depósitos municipales.

Por último, la normativa exceptúa de estos procedimientos a aquellos vehículos que el Poder Ejecutivo Municipal hubiera inspeccionado con anterioridad a la sanción de la ordenanza. En esos casos, el Ejecutivo deberá dar intervención al Juzgado Municipal de Faltas para que preste conformidad y registre el nuevo estado de las unidades involucradas.