La Fiscalía de La Carlota inició una causa a partir de la situación de una familia que se instaló en un sector ubicado sobre el camino alternativo hacia Los Cisnes, a la vera de las vías del ferrocarril.
Según se pudo conocer, la familia habría instalado allí un asentamiento sin acceso a servicios básicos, entre ellos agua potable, situación que generó preocupación entre vecinos de la zona.
Desde la Fiscalía de La Carlota confirmaron que la causa fue elevada a la Justicia Federal de Río Cuarto, debido a que la instalación se encuentra sobre terrenos vinculados al ferrocarril.
En paralelo, el área de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Carlota realiza un seguimiento de la situación y brinda asistencia a la familia.
Uno de los aspectos que genera especial atención es la presencia de varios niños pequeños en el lugar. Por este motivo, también interviene el área de Niñez, con el objetivo de evaluar sus condiciones de vida y reforzar las medidas destinadas a garantizar su protección integral, el acceso a sus derechos básicos y un entorno seguro y adecuado para su desarrollo.
La intervención de los organismos sociales y del área de Niñez apunta a que la situación de vulnerabilidad de los menores sea atendida de manera prioritaria, procurando garantizar el acceso a alimentación, agua, salud, condiciones adecuadas de alojamiento y demás derechos fundamentales.
El asentamiento se encuentra en una zona que no cuenta con servicios básicos y, según se pudo conocer, tampoco dispone de acceso a agua potable. La precariedad habitacional es evidente: la estructura fue levantada de manera improvisada con chapas, bolsas y otros materiales, en un sector próximo a las vías ferroviarias y sin las condiciones básicas de una vivienda convencional.
Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre la procedencia de la familia ni cuánto tiempo lleva instalada en el sector. Tampoco se difundieron datos que permitan identificar a los niños o al grupo familiar.
La situación quedó bajo intervención de distintos organismos, mientras la Justicia Federal analiza el caso a partir de la ocupación del espacio ferroviario y las áreas municipales continúan con el seguimiento y la asistencia social.
