Comienza el juicio por crímenes de lesa humanidad que investiga el terrorismo de estado en Río Cuarto

Este martes comienza en los Tribunales Federales de Córdoba el juicio por la causa conocida como Di Santo-Gutiérrez, que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos en Río Cuarto y otras localidades del sur provincial, en el marco del terrorismo de Estado.

El proceso, que estará a cargo del Tribunal integrado por Carolina Prado, Julián Falcucci y María Noel Costa, analizará hechos que comenzaron en 1975 y se extendieron durante la última dictadura cívico-militar. La investigación reúne 78 víctimas y 24 imputados, entre ellos exintegrantes de la Policía de Córdoba y miembros de distintas estructuras de inteligencia y fuerzas de seguridad.

Los acusados deberán responder por delitos que incluyen privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, imposición de tormentos, tormentos seguidos de muerte, homicidios y delitos de índole sexual. Para el desarrollo de las audiencias está prevista la declaración de alrededor de un centenar de testigos.

Víctimas vinculadas con la Universidad Nacional de Río Cuarto

Una parte importante de las víctimas eran estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Entre los casos investigados se encuentran los de Elsa Gladys Comba de Comba, Gabriel Braunstein Maiden y Ernesto Silber, quienes permanecen desaparecidos.

También se analizará la muerte de Alberto Pinto, docente de la casa de estudios, quien padecía epilepsia y falleció mientras estaba detenido en La Plata, luego de haber sufrido torturas desde el momento de su detención.

La causa tiene una especial relevancia para Río Cuarto, donde el terrorismo de Estado dejó víctimas y consecuencias que todavía forman parte de la memoria colectiva de la región.

Reclamo por las demoras judiciales

En la previa del inicio del juicio, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Río Cuarto advirtió sobre las consecuencias de las demoras en la investigación y sostuvo que estas generaron una situación de “impunidad biológica”, debido al fallecimiento de personas señaladas como responsables antes de que pudieran ser juzgadas.

Entre los fallecidos mencionados por la organización se encuentran Hugo Roberto Aspitia, exsegundo jefe de Inteligencia de la Unidad Regional Sud de la Policía, y Miguel Ángel “Gato” Gómez, señalado como uno de los torturadores locales.

El lunes, en la Casa de la Memoria de Río Cuarto, se realizó una conferencia de prensa para acompañar el comienzo del proceso. Participaron el abogado querellante Daniel Olartecoechea, el intendente Guillermo De Rivas, la rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marisa Rovera, y el legislador provincial Juan Manuel Llamosas, entre otros representantes.

La Municipalidad de Río Cuarto participa como querellante en la causa.

Un juicio que se extenderá hasta 2027

Las audiencias se desarrollarán en el primer piso de los Tribunales Federales de Córdoba y se prevé que continúen, al menos, hasta mediados de 2027.

El proceso constituye una instancia judicial de importancia para el sur cordobés, al reunir en un mismo debate hechos ocurridos en distintos puntos de la región y casos de víctimas vinculadas con la vida universitaria, social y laboral de Río Cuarto.

A más de cuatro décadas de los crímenes investigados, el juicio buscará avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en la determinación de las responsabilidades penales correspondientes. (cba24n.com)