En General Deheza comenzó este lunes el juicio oral por el grave caso de abuso sexual de una niña de 11 años, por el que está acusado su propio padre. Se trata de una causa que conmocionó a la ciudad y a toda la región y que llega ahora a una instancia decisiva después de más de un año de investigación.
El proceso judicial comenzó este 24 de agosto y la primera audiencia se realizó a puertas cerradas. La decisión busca preservar la intimidad de la menor y evitar su revictimización durante el debate.
La causa se inició en julio de 2025, cuando la niña fue trasladada desde General Deheza al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto. El ingreso al centro de salud se produjo a raíz de un fuerte dolor abdominal.
A partir de los primeros estudios médicos, los profesionales detectaron que la menor había sido víctima de abuso sexual. La situación derivó inmediatamente en la activación de los protocolos correspondientes y en el inicio de una investigación judicial.
La gravedad del cuadro de salud fue tal que la niña permaneció internada durante varias semanas en el hospital de Río Cuarto. Según se informó durante la investigación, llegó incluso a estar en riesgo de vida.
A partir de la denuncia y de los elementos reunidos por la Justicia, la investigación apuntó contra el padre de la menor, un hombre de 32 años, quien quedó imputado por un delito contra la integridad sexual agravado por el vínculo.
El acusado fue detenido el 8 de agosto de 2025 en la localidad de Pampayasta Sud. Desde allí fue trasladado a la cárcel de Río Cuarto, donde permanece privado de su libertad a disposición de la Justicia.
Pero la investigación no quedó limitada al padre de la niña. La Justicia también avanzó contra otros dos integrantes de la familia.
El 16 de octubre de 2025 se realizó un procedimiento en un complejo de tres viviendas ubicado sobre calle Salta al 50, en General Deheza. En ese operativo fueron detenidos la abuela paterna de la niña, de 52 años, y un tío, de 36.
La mujer quedó imputada por coacción y encubrimiento agravado, mientras que el tío fue acusado de encubrimiento agravado. Ambos permanecen vinculados a la causa por su presunta participación en hechos relacionados con el ocultamiento de lo ocurrido.
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Cuarta Nominación de Río Cuarto, encabezada por el fiscal Daniel Miralles, quien posteriormente dispuso la elevación de la causa a juicio.
Para llegar a esta instancia se incorporaron diferentes elementos a la investigación, entre ellos pruebas médicas, testimoniales y periciales.
Ahora, el caso entra en la etapa del debate oral, donde deberán analizarse las pruebas y determinarse las responsabilidades penales de los acusados.
Desde la querella, que representa a la madre de la niña, anticiparon que buscarán la máxima pena para el principal acusado.
El abogado Marcelo Garay sostuvo que el comienzo del juicio representa una instancia fundamental para conocer la verdad y alcanzar una condena acorde con la gravedad de los hechos.
El letrado también puso en valor el trabajo realizado por las instituciones que intervinieron desde el primer momento. Destacó la participación del área de Acción Social y Minoridad de la Municipalidad de General Deheza, de SENAF, de los equipos provinciales de Minoridad y del Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto.
Según explicó Garay, la intervención de estos organismos permitió acompañar a la menor y avanzar en el abordaje de una situación extremadamente compleja.
Actualmente, la niña continúa recibiendo asistencia terapéutica y seguimiento por parte de organismos municipales y provinciales.
El abogado de la querella señaló que las consecuencias de lo ocurrido continúan presentes y remarcó que una de las principales preocupaciones es el impacto que este hecho tuvo sobre la vida de la menor.
El juicio se desarrolla bajo estrictas medidas de protección. Por tratarse de una víctima menor de edad y para preservar su intimidad, las audiencias se realizan a puertas cerradas.
El caso llega así a una instancia clave: después de la investigación, las detenciones y la elevación a juicio, será ahora el tribunal el encargado de analizar las pruebas y determinar si los acusados son responsables de los delitos que se les atribuyen.
Todo el proceso se desarrolla, además, bajo el principio de presunción de inocencia que ampara a los acusados hasta que exista una sentencia firme.
Para la familia de la niña, el objetivo está puesto en que se conozca la verdad y que la Justicia determine las responsabilidades correspondientes. Para la querella, además, la expectativa es que la gravedad de los hechos sea reflejada en la condena que eventualmente pueda dictarse.
