Un nuevo escándalo sacude a la Legislatura de Córdoba a partir de una denuncia por presuntos abusos sexuales cometidos en el ámbito familiar contra un asesor del bloque de la Unión Cívica Radical.
El denunciado fue identificado como Omar Ludueña, quien ingresó a la Legislatura provincial en 2011 y se desempeña como asesor vinculado al radicalismo.
La denuncia está siendo investigada por la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de la fiscal Ingrid Vago. Según trascendió, los hechos denunciados se remontarían a la infancia de la denunciante, quien habría decidido hacerlos públicos después de convertirse en madre.
La situación tomó estado público a partir de la intervención de Elisa Cafaratti, actual concejal y exlegisladora, quien aseguró que Ludueña había ingresado a la Legislatura sin antecedentes y que formaba parte del entorno político.
Cafaratti explicó que decidió realizar una presentación propia ante las autoridades para evitar, según sus palabras, “mirar para otro lado” y respaldar a la persona denunciante.
En ese marco, solicitó además el apartamiento del asesor de sus funciones en la Legislatura y pidió que se activen los protocolos previstos para este tipo de denuncias.
La concejal remarcó la necesidad de acompañar a la denunciante durante el proceso, aunque aclaró que se debe respetar el principio de inocencia mientras avance la investigación judicial.
Por su parte, el abogado defensor de Ludueña, Mario Rey, hizo hincapié en que hasta el momento no existe ninguna imputación contra su representado.
El letrado afirmó que se puso a disposición de la Fiscalía desde que tomó conocimiento de la investigación, el pasado 18 de agosto, y señaló que presentó elementos que, según su interpretación, deberían ser considerados para determinar la verdadera motivación de la denuncia. (CADENA3.COM)
Rey sostuvo además que, de acuerdo con los elementos que conoce la defensa, la situación no tendría relación con la existencia de un delito de índole sexual. También mencionó que la denunciante había solicitado anteriormente al asesor que actuara como garante de un contrato de alquiler.
La investigación judicial deberá determinar ahora qué ocurrió y si existen elementos suficientes para avanzar con una imputación.
Mientras tanto, el caso vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de la Legislatura y los mecanismos de control y actuación frente a denuncias de extrema gravedad que involucran a personas que se desempeñan dentro de la estructura política provincial.
