Huanchilla y La Carlota suman nuevas cámaras de seguridad en el ingreso de cada localidad

Este lunes 3, jefes policiales de la departamental Juárez Celman mantuvieron reuniones con las intendentas de Huanchilla, Romina Oberto y La Carlota, Natalia Bellón, donde acordaron la instalación de nuevas cámaras de seguridad y domos.

En Huanchilla, estuvo el Comisario Castelli José, jefe de inspección 1 quien llegó a un acuerdo con la mandataria de la colocación de cámaras de seguridad en ingresos de la localidad monitoreadas por la policía local, en el marco del Plan Integral de la Ley de Seguridad Publica establecido por la provincia de Córdoba.

Al respecto la intendenta manifestó que las cámaras de seguridad fueron compradas con recursos del estado municipal.

Y en La Carlota la intendenta Natalia Bellón, recibió al Comisario Roberto Falcón, el jefe de dependencia y Crio. Lic. Andrés Ozán 2° Jefe de Dependencia de dicha ciudad y el técnico Oscar Alfredo Etchehoun, encargado de la empresa INNOVAR ELECTRICIDADE.

También acordaron la colocación de más y nuevas cámaras de seguridad y domo en el ingreso a la ciudad.

Ley de seguridad provincial

El gobernador Martín Llaryora promulgó la ley que crea el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, que establece el marco jurídico para la implementación de un nuevo modelo que agilizará la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico.

La norma fue aprobada en la Legislatura provincial, después de ser tratada en reuniones de comisión en las que participaron especialistas en temas de seguridad, además del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

Con la firma del gobernador, el texto legislativo pasará a ser posteriormente publicado en el Boletín Oficial para su plena vigencia.

Principales aspectos de la ley
La ley introduce novedades al sistema de seguridad provincial, entre las que se encuentran:

La creación de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, como auxiliares de la Policía.
El uso de armas no letales.
La creación del Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, que entre sus funciones propondrá programas de capacitación de los integrantes de las distintas fuerzas.
La incorporación del personal de las prestadoras de servicios de seguridad.
La vinculación de las cámaras de seguridad privadas con el centro de monitoreo de la Policía de la Provincia.
La estimulación del plan de desarme, con incentivos para la entrega de armas en posesión de civiles.
La obligatoriedad de un narcotest para cargos electos y funcionarios públicos.
La duplicación de las fiscalías antinarcóticos en todo el territorio provincial; y la creación de 12 nuevas fiscalías criminales.