El Tribunal de Cuentas de Córdoba, detuvo la compra de 15 drones de última generación para la Policía de la provincia, que tenía un costo estimado de 6,8 millones de dólares. La decisión, comunicada este sábado, se produce después de que el gobierno provincial anunciara en mayo de 2025 la creación de una nueva división de drones en la fuerza de seguridad.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, criticó la resolución y acusó a la oposición de intentar “dejar indefensa a Córdoba”. En un comunicado, expresó que “cuando los organismos de control dejan de controlar y empiezan a hacer política, el problema ya no es un expediente: es la democracia”.
Quinteros subrayó que, en la resolución que frena la compra, no se impugnan ni el precio ni el proceso de adquisición, sino que cuestionan la decisión de equipar a la Policía con tecnología avanzada.
Además, indicó que las áreas técnicas del Tribunal recomendaban aprobar la inversión y que el rechazo se debía a una “militancia disfrazada de dictamen jurídico”.
El ministro concluyó su declaración afirmando que su gobierno seguirá trabajando por una mayor seguridad en Córdoba y que no se quedará callado ante lo que considera un juego peligroso con la vida de los ciudadanos.
"Eso no es oposición. Eso es jugar con la vida de la gente. Y frente a eso, no vamos a callarnos. Vamos a seguir gobernando, dando la cara y defendiendo una Córdoba más segura, con firmeza, con coraje y con absoluta legitimidad democrática", concluyó Quinteros en la publicación.
Cabe señalar que el presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, Beltrán Corvalán, cuestionó con dureza el proceso licitatorio que impulsa el Gobierno de Córdoba para implementar un sistema de monitoreo de seguridad a través de drones, al advertir que se trata de una licitación “dirigida”, con un único oferente y un monto que supera los 7 millones de dólares, es decir, más de 10 mil millones de pesos.
El funcionario aclaró que el Tribunal no se opone a fortalecer la seguridad, pero insistió en que no se puede convalidar un proceso con sobreprecios o direccionamientos.
“Estamos a favor de que haya más seguridad, pero se tiene que hacer de acuerdo a la ley, no con trajes a medida”, señaló, y recordó que el organismo ya ha objetado en el pasado compras de patrulleros, alimentos para el sistema penitenciario y licitaciones de obra pública por valores superiores a los de mercado.
Comparaciones y alternativas de Beltrán Corvalán
Corvalán también comparó el proceso cordobés con el de Santa Fe, donde se adquirieron 20 drones por 1,5 millones de dólares, una cifra sensiblemente menor a la prevista en Córdoba.
En ese sentido, planteó que el proceso podría haberse fragmentado por rubros, permitiendo la participación de empresas locales de software, universidades y consultoras, que hoy quedan excluidas por no cumplir con todos los requisitos integrados en un solo pliego.
“En Córdoba hay empresas y universidades capacitadas, pero no hacen drones, entonces no pueden presentarse”, explicó.
Respuesta a las críticas del Gobierno
Frente a los señalamientos del Ejecutivo provincial, que presentó el conflicto como una disputa entre poderes, Corvalán negó cualquier motivación política y defendió el rol técnico del organismo.
“El 90% de los expedientes que ingresan al Tribunal se aprueban. Lo que está bien se aprueba y lo que está mal se observa, que es lo que corresponde”, sostuvo.
Finalmente, reclamó mayor celeridad y transparencia en los procesos: “Si no hay sobreprecios ni licitaciones dirigidas, no van a tener problemas con el Tribunal de Cuentas”. (Cba24n.com)
