l secretario de Prevención y Convivencia de Río Cuarto, Rafael Filippa, participó de la conformación de la Mesa Provincial Interinstitucional para el Análisis de la Narcocriminalidad, un espacio estratégico impulsado por el Gobierno de Córdoba para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.
El encuentro se desarrolló en el Centro Cívico del Bicentenario, en la ciudad de Córdoba, y contó con la presencia del gobernador Martín Llaryora, quien encabezó la jornada y ratificó el compromiso del Estado provincial en la implementación de políticas públicas orientadas a combatir la narcocriminalidad.
La Mesa se constituye como un ámbito permanente de articulación interinstitucional que busca consolidar una respuesta estatal coordinada y basada en evidencia. En ese marco, se prevé la implementación del Índice Provincial de Narcocriminalidad, una herramienta que integrará variables criminales, territoriales y socioeconómicas para realizar mediciones temporales, mapear zonas de riesgo, detectar alertas tempranas de nuevas modalidades delictivas, unificar datos de múltiples organismos y evaluar el impacto real de las políticas públicas de seguridad.
La jornada reunió a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia, entre ellos el presidente de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas; el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López; el fiscal General, Carlos Lezcano; y autoridades vinculadas a la gestión penitenciaria y la lucha contra el narcotráfico, como Nadia Fernández, Leandro Goria e Iván Ortega, junto a fiscales generales adjuntos, defensores y magistrados especializados.
También participaron autoridades de las fuerzas de seguridad y control, incluyendo representantes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y del Servicio Penitenciario, así como referentes municipales de distintas ciudades, entre ellas Córdoba Capital, Villa María, San Francisco y Río Cuarto.
El encuentro contó además con la presencia de representantes del ámbito académico y de organismos estratégicos, como el COPEC, universidades públicas y privadas, observatorios de seguridad y organizaciones especializadas, quienes aportarán al análisis y desarrollo de políticas públicas basadas en datos.
La conformación de esta Mesa representa un avance en la coordinación institucional y en la generación de herramientas para abordar de manera integral la narcocriminalidad en la provincia.
