El proyecto rubricado por el gobernador Martín Llaryora crea un nuevo régimen que permitirá actuar sobre búnkeres de venta de drogas, aguantaderos y edificios abandonados que representen un riesgo para la seguridad.
La iniciativa fortalece la lucha contra el narcotráfico, crea un Registro Provincial de Bienes Intervenidos y articula el trabajo entre la Provincia, la Justicia, la FPA y los municipios.